Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento)

Señora Presidenta, quiero traer a este Pleno cuál ha sido el impacto de la crisis en los derechos fundamentales de los españoles, después de los tres años de gobierno del Partido Popular. La valoración que voy a realizar corresponde a las conclusiones de un trabajo publicado por este Parlamento.

Dice el estudio: «Las numerosas medidas de austeridad adoptadas en España, con recortes en los presupuestos social, educativo y de salud, han llevado a un preocupante incremento en la pobreza de la familia, impactando negativamente en los derechos fundamentales. En la educación, las reformas adoptadas han llevado a una gran desigualdad del sistema educativo español; la sanidad pública ha dejado de ser universal y gratuita; en las pensiones se reconoce que ya se está dando una reducción del importe de las mismas con la consiguiente reducción del poder adquisitivo». El informe concluye diciendo que las medidas de austeridad que ha adoptado el Gobierno de Rajoy han llevado a una creciente desigualdad en España.

La primera respuesta de la ciudadanía ante estas duras políticas está en los resultados que ha obtenido el Partido Popular en mi región, Andalucía, el pasado domingo, perdiendo el 14 % de los votos, frente a la victoria del Partido Socialista, que ha realizado otra política en defensa de los derechos fundamentales.


Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto

Para los socialistas europeos la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos es un elemento central y vertebrador de la política exterior de la UE. Este informe anual representa uno de los principales instrumentos del Parlamento para supervisar y orientar la acción de la Unión en este ámbito. El texto de este año, redactado por un ponente socialista, aporta una perspectiva innovadora, centrada en cuestiones transversales y temáticas, y contiene recomendaciones específicas sobre los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los elementos más destacables que se han conseguido introducir -a pesar en muchos casos del voto en contra del grupo del Partido Popular– destacan la firme defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el impulso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o el concepto de refugiado climático.

El informe hace una firme defensa de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente al auge del discurso del relativismo cultural y aborda ámbitos muy importantes en los que es necesario seguir progresando como el papel de las empresas, en especial las grandes multinacionales, y el refuerzo de la coherencia de las políticas de la UE.


Intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política

Señora Presidenta, quiero denunciar la situación de las familias de las víctimas del franquismo en España. En los principios recogidos por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se dice lo siguiente: «El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado».

Especialmente doloroso y traumático es el dolor de las familias de las víctimas del franquismo en España que todavía no han podido siquiera dar sepultura a sus familiares al no haberlos localizado en alguna de las innumerables fosas comunes que persisten todavía en mi país.

El Gobierno socialista aprobó una ley que se ha visto paralizada por el actual Gobierno del Partido Popular. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha demostrado sensibilidad y compromiso con las víctimas del franquismo y aprobará en breve una ley para la memoria democrática en mi región, Andalucía. Ante todo esto, el Gobierno actual del Partido Popular de mi país deja la ley nacional sin contenido y está permitiendo que no haya lugar para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo en España. Por tanto, como altavoz de estas demandas, quiero denunciar esta situación ante este Pleno.


Ley de Seguridad Ciudadana en España y adecuación al Derecho de la UE (Pregunta)

La nueva «Ley de Seguridad Ciudadana», aprobada por el Congreso de los Diputados únicamente con los votos del Partido Popular, impone fuertes sanciones, al margen del control judicial inmediato, contra acciones en ejercicio de los derechos fundamentales, limitando libertades consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE): derecho de reunión (artículo 12) y tutela judicial efectiva (artículo 47), al obligar al sancionado a agotar la vía administrativa antes de recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, sujeta al pago de altas tasas judiciales introducidas por el Gobierno del PP y que no rigen en el procedimiento penal; respeto de la vida privada (artículo 7), al permitir ordenar escuchas y registros policiales sin previa autorización judicial; y principio de proporcionalidad en los delitos y en las penas (artículo 49, apartado 3), al recaer anteriormente estas conductas en el ámbito penal, mucho más garantista.

Asimismo, modifica la Ley de Extranjería para «legalizar» las «devoluciones en caliente», consistentes en expulsar sumariamente a inmigrantes que llegan a suelo español, en contra del Derecho internacional de asilo, que exige la asistencia letrada al demandante de asilo.

¿Considera la Comisión que esta Ley es compatible con el Derecho europeo y los valores jurídicos protegidos por la CDFUE?

Respuesta (23/04/2015):

La mencionada «Ley de seguridad ciudadana» se refiere a asuntos policiales. El mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior de los Estados miembros, incluidas las leyes de policía y la regulación de las manifestaciones, entran en el ámbito de competencia nacional y, por consiguiente, quedan al margen del Derecho de la UE.

Como ya se ha indicado en las respuestas a las preguntas E-013929/2013, E-013763/2013 y P-006472/2014(1), la Comisión, dentro de sus competencias, siempre se ha empeñado con firmeza en garantizar que la libertad de expresión y la libertad de reunión se respetan de manera estricta, ya que constituyen los cimientos de una sociedad libre, democrática y plural. Lo mismo cabe decir de la protección de las comunicaciones privadas. Sin embargo, la Comisión carece de competencia general en lo que respecta a los derechos fundamentales. Con arreglo a su artículo 51, la Carta de los Derechos Fundamentales se dirige y se aplica a los Estados miembros únicamente cuando estos aplican el Derecho de la Unión.

Por lo que se refiere a las «devoluciones en caliente», la Comisión está muy atenta al procedimiento legislativo de modificación de la Ley de extranjería y, en 2014, expresó su preocupación acerca de la compatibilidad de su versión inicial con las obligaciones de España en virtud del Derecho de la UE en el ámbito del retorno de los inmigrantes en situación irregular. La Ley se está debatiendo todavía, por lo que está sujeta a cambios. Una vez adoptada, la Comisión evaluará cuidadosamente su compatibilidad con el Derecho de la UE.

La Comisión sigue confiando en que las autoridades nacionales garantizarán la observancia de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales derivadas de acuerdos internacionales y de la legislación interna.