Trabajo a tiempo parcial forzoso en España

Según datos de Eurostat, España es el tercer país de la UE con más empleados a tiempo parcial que querrían trabajar más horas (57,3 %), de modo que el subempleo en nuestro país supone el 9,1 % del total del empleo (frente al 4,5 % de media en la EU) y la gran mayoría de los trabajadores en esta situación son mujeres (69 % frente al 67 % de la media de la UE).

Por otro lado, el 31 de marzo de 2015, durante su intervención en el Grupo de amigos del trabajo decente y del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la Comisaria Thyssen afirmó lo siguiente: «la mejor protección posible frente a la pobreza y la exclusión social es tener un trabajo decente. (…) Estoy convencida de que es posible combinar la competitividad y la prosperidad con la creación de empleo de calidad y unos fuertes y eficientes sistemas de protección social».

En este contexto, ¿no considera la Comisión que:

  • El fomento del subempleo amenaza la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones en España?
  • ¿Qué en el COM(2015)0259 se debería haber recomendado reformas que corrijan las reformas que han reducido los estándares socio-laborales, fomentado el subempleo y ampliando la brecha salarial?

Procedimientos de insolvencia

Hemos votado a favor de la revisión de este reglamento que establece normas comunes en cuanto al tribunal competente para incoar el procedimiento de insolvencia, al derecho aplicable y al reconocimiento de las resoluciones en caso de que un deudor –tanto si se trata de una sociedad o de un comercio como de un particular– se encuentre en situación de insolvencia, porque tras diez años de su entrada en vigor era mejorable en la aplicación de algunas de sus disposiciones.

La principal novedad que incluye es la de impedir que el deudor desplace sus haberes o el procedimiento judicial de un país a otro con el fin de mejorar su situación desde el punto de vista jurídico foro de conveniencia, evitando de este modo que algunas empresas o deudores cambien repentinamente su sede antes del inicio de un procedimiento de insolvencia. Introduce mayor certeza jurídica y permite que se considere si el cambio de sede responde a razones objetivas o no.

Igualmente se ha conseguido incluir un considerando relativo a los derechos de los trabajadores respecto al establecimiento de un derecho preferente para los mismos, teniendo en cuenta que son los más débiles cuando se inicia un procedimiento de insolvencia.


Información que acompaña a las transferencias de fondos

He dado mi apoyo a este reglamento que modifica y actualiza una norma de 2006, la cual establece la información que debe figurar sobre el pagador y el receptor de las transferencias bancarias y financieras a los efectos de prevenir el lavado de dinero.

Es particularmente importante que se haya logrado, gracias a la actuación del Grupo de los Socialistas y Demócratas, que todas las transacciones relacionadas con el exterior de la UE sean referenciadas de la misma manera que aquellas de naturaleza intracomunitaria, con excepción de aquellas cuya cuantía sea inferior a 1000 euros, para así no perjudicar a las remesas de los inmigrantes. También se han fortalecido las sanciones por incumplimiento y los mecanismos de control.

La armonización europea de la información relativa a las transferencias bancarias es fundamental para combatir el blanqueo procedente de operaciones ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado, pero también para colmatar los procesos de la Unión Bancaria y de la llamada Unión de los Mercados de Capital, de modo que los usuarios de servicios financieros no tengan que hacer frente a una disparidad de condiciones en función del Estado miembro en el que fijen su residencia.


Permiso de maternidad

He votado a favor de la resolución sobre el permiso de maternidad porque considero que los derechos de las madres trabajadoras no pueden quedarse encerrados en un cajón.

La propuesta de modificación de la directiva vigente amplia la protección y la seguridad de las trabajadoras que están embarazadas o que han dado a luz recientemente, y también de las madres que han adoptado a un niño menor de un año. Me resulta difícil entender que la UE sea capaz de acordar muchas medidas de índole económica, y cuando hablamos de algo tan relevante como son los derechos de las madres trabajadoras, el Consejo sea incapaz de llegar a un acuerdo, y la Comisión plantee por ello la retirada de la propuesta.

También defiendo la necesidad, recogida en la resolución, de que la Comisión presente una propuesta de directiva sobre el permiso de paternidad y una revisión de la directiva de permiso parental, en aras de lograr una mejor conciliación de la vida familiar y laboral para las madres y los padres. Por último, suscribo igualmente la petición hecha a la Comisión de que presente una nueva propuesta lo antes posible si decide finalmente retirar la que está sobre la mesa.