El ERE de Coca-Cola

El pasado mes de junio, la Audiencia Nacional declaró nulo el proceso de despido colectivo de 821 trabajadores puesto en marcha por Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) y que supuso el cierre de tres fábricas en España. La sentencia obliga a la readmisión de los despedidos con abono de los salarios dejados de percibir. Además, según la sentencia, no se realizó adecuadamente el proceso de fusión ni se comunicó el cambio de empresa a los representantes de los trabajadores. Tampoco se informó como correspondía a los sindicatos de los planes de reestructuración ni de que se produjeron prácticas de esquirol al trasladar la distribución del producto de las plantas en huelga a otras en activo.

1. ¿Piensa la Comisión, como garante del Derecho comunitario junto con el TJUE, exigirle al Gobierno español que tome medidas para obligar a Coca-Cola al respeto de la ley?

2. ¿Cree la Comisión que debería velar por la protección de los trabajadores europeos, considerando que Coca-Cola ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la huelga, los artículos 24 y 28 de la Constitución Española, así como los artículos 27, 28 y 30 del título IV de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

Respuesta (17/04/2015):

1. y 2. En los casos de despidos colectivos y cambios sustanciales en las relaciones contractuales, los empleadores deben cumplir sus obligaciones de información y consulta de los trabajadores de conformidad con el Derecho de la UE. Incumbe a las autoridades nacionales competentes, incluidos los tribunales, garantizar que los empleadores aplican de manera correcta y efectiva la legislación nacional de transposición de las Directivas de la UE pertinentes(1), que promueven la aplicación de los derechos consagrados en el artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso. Según se desprende de la pregunta de Sus Señorías, los trabajadores en cuestión han podido hacer valer sus derechos en el sistema judicial español.

(1) En particular, la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, DO L 225 de 12.8.1998; la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, DO L 82 de 22.3.2001, y la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, DO L 80 de 23.3.2002.