Pregunta parlamentaria sobre el Real Decreto-Ley 4/2017 sobre estibadores

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001591/2017 a la Comisión

Artículo 130 del Reglamento

Clara Eugenia Aguilera García (S&D), Inés Ayala Sender (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Javi López (S&D), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Jordi Solé (Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE) y Ángela Vallina (GUE/NGL)

Asunto: Real Decreto-Ley 4/2017 sobre estibadores

El gobierno español pretende dar cumplimiento a la sentencia del TJUE en el asunto C-576/13 mediante el Real Decreto-Ley 4/2017, por el que se modifica el régimen de los estibadores. Pero esta reforma modifica elementos al margen de la sentencia, elimina el registro previsto en las normas de la OIT, ha sido aprobado sin diálogo social y pone en peligro miles de puestos de empleo, fomentando una precarización subvencionada directamente a través de las Autoridades Portuarias.

En el marco del respeto al derecho de negociación y de acción colectiva establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, ¿considera la Comisión que se podría dar cumplimiento a la sentencia C-576/13 incluyendo la contratación de trabajadores desde un registro, tal y como establece el acuerdo firmado entre sindicatos y Anesco y la Convención OIT 137 ratificada por España?

La disposición transitoria primera del Decreto establece que las Autoridades Portuarias, pertenecientes al sector público, asumirán las indemnizaciones por extinción de contrato de los estibadores. ¿Qué principios de competencia comunitarios vulnera tal práctica?

¿Se pueden establecer mecanismos legales de subrogación para garantizar el empleo de los actuales trabajadores portuarios, sin que ello sea incompatible con la ejecución de la sentencia?

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ESE-001591/2017Respuesta de la Sra. Bulcen nombre de la Comisión(15.5.2017)

El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia dictaminó, en el asunto C-576/13 Comisión contra España, que la legislación española en materia de trabajadores portuarios contraviene la libertad de establecimiento. La Comisión llevó a España ante el Tribunal en virtud del artículo 260, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que propone el pago de una suma a tanto alzado y de una multa coercitiva diaria (asunto C-388/16), al no haber adoptado España las medidas necesarias para cumplir la primera sentencia.

El Real Decreto-Ley 4/2017 adoptado por el Gobierno español el 24 de febrero de 2017 al que se refieren sus señorías fue rechazado por el Parlamento español el 16 de marzo de 2017 y, por consiguiente, no surte efectos.

La Comisión solo puede adoptar una postura y responder a cuestiones relacionadas con la legislación adoptada y, por lo tanto, no puede dar respuesta a los asuntos planteados en su pregunta.