Pregunta parlamentaria sobre la adaptación de los requisitos del pago verde a la situación de sequía extrema en España

Pregunta con solicitud de respuesta escrita P-006591/2017 a la Comisión.

Artículo 130 del Reglamento.

Clara Eugenia Aguilera García (S&D).

Asunto: Adaptación de los requisitos del pago verde a la situación de sequía extrema en España.

La situación excepcional de sequía en España va a dificultar el cumplimento de los requisitos relativos a la diversificación de cultivos y las superficies de interés ecológico para la campaña 2017- 2018.

Las restricciones de riego que podrían darse si la sequía se perpetúa limitarán la correcta aplicación de ambos requisitos del pago verde. Teniendo en cuenta que está en juego cerca del 50 % de la ayuda a percibir y que los agricultores deben tomar sus decisiones antes del fin de 2017, planteo las preguntas siguientes:

1. ¿Está la Comisión estudiando la aplicación de medidas excepcionales por motivo de sequía para facilitar la aplicación de la ecologización en aquellos Estados miembros gravemente afectados por la escasez de agua?.

2. ¿Es consciente de la necesidad y urgencia con que estas medidas deberían ser adoptadas y comunicadas —antes de que concluya el año en curso— a efectos de la planificación de las siembras?

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ESP-006591/2017.

Respuesta del Sr. Hoganen nombre de la Comisión.

(29.11.2017)

La Comisión no tiene por el momento la intención de dispensar a los agricultores españoles de los requisitos relativos a la diversificación de cultivos y las superficies de interés ecológico en la campaña 2017-2018.

Hay que recordar que, a raíz de la situación metereológica de la primavera pasada, la Comisión ya intervino dando la posibilidad de conceder adelantos de hasta un 70 % en las ayudas directas y del 85 % en el caso de algunas medidas de desarrollo rural para 2017, y que dispensó a determinados Estados miembros, entre ellos España, de algunas obligaciones de ecologización.

Finalmente, si se dan las condiciones oportunas, los Estados miembros pueden estudiar la posibilidad de reconocer estas circunstancias como de fuerza mayor con el fin de proteger a los agricultores de las consecuencias derivadas de los incumplimientos.